Por otro lado, la norma materia de comentario ha precisado que la obligación de entregar las boletas de pago a los trabajadores debe realizarse observando el contenido y la oportunidad que regulan los artículos 19 y 20 del Decreto Supremo Nº 001-98-TR y el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 020-2008-TR. En tal sentido, la boleta de pago que emite la planilla electrónica solamente puede ser usada, a efectos de cumplir con esta obligación, en tanto observe los requisitos y condiciones previstos por los mencionados dispositivos.

Ahora bien, en la medida en que la Reniec considera que desde la entrada en vigor de la referida modificatoria ha transcurrido tiempo suficiente para que los ciudadanos tomen las medidas pertinentes relacionadas con la actualización de sus datos, ha establecido mediante la norma materia de comentario un plazo final de noventa días calendario para quienes con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 29222 contrajeron matrimonio, se divorciaron, se haya declarado la nulidad de su matrimonio o hayan enviudado.

La Ley establece como objetivos de la carrera judicial garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los jueces, así como optimizar el servicio de impartición de justicia. La norma también regula el perfil del juez (dentro de los que sobresale la formación jurídica sólida y la trayectoria personal éticamente irreprochable); los requisitos generales para acceder a la carrera judicial (art. 4) y los requisitos especiales (art. 6). También se regula minuciosamente todo lo concerniente al proceso de evaluación y selección, desde la convocatoria, las etapas de evaluación y la forma en que esta se llevará a cabo.

Dentro de los deberes del juez, se ha establecido la obligación de residir en el distrito judicial donde se ejerce el cargo  (art. 34 inc. 15), seguir los cursos de capacitación programados por la Academia de la Magistratura y los cursos considerados obligatorios como consecuencia del resultado de la evaluación parcial (art. 34 inc. 16).

Una norma controvertida se encuentra regulada dentro de los “derechos del juez”, aquí se ha establecido: “la permanencia en el servicio hasta los setenta años” (art. 35 inc. 2). Asimismo, se ha establecido como un derecho “integrar la carrera judicial, diferenciada del régimen general del empleo público, conforme a la naturaleza especial de las funciones jurisdiccionales y atribuciones consagradas en la Constitución” (art. 35 inc. 5).
Se ha regulado también el “Derecho al mantenimiento de la especialidad”, no obstante, se señala que la especialidad de los jueces se mantiene durante el ejercicio del cargo, salvo que, por razones de necesidad en el servicio de impartición de justicia, se requiera el cambio de especialización (art. 37).

La ley regula pormenorizadamente las prohibiciones que tienen los jueces, siendo un tema controvertido el referido a “participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga” (art. 40 inc. 6). También se regula detalladamente lo concerniente a los impedimentos y las incompatibilidades para ser juez.

En lo que respecta al régimen disciplinario se han establecidos tres tipos de faltas: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Dentro de las faltas graves sobresale “No llevar injustificadamente los cursos que la Academia de la Magistratura imparte y que le hayan sido asignados como resultado de la evaluación parcial del desempeño del juez” (art. 47 inc. 12); por su parte, son controvertidas “Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo  de un proceso en curso” (art. 47 inc. 6), y “Utilizar en resoluciones judiciales expresiones improcedentes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”. En lo referido a las faltas muy graves se establece (discutiblemente) como una de ellas “la afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión; o el desarrollo de actos propios de estos grupos o en interés de aquellos en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Cabe señalar que las faltas leves solo podrán sancionarse, en su primera comisión, con amonestación; y, en su segunda comisión, con multa; mientras las faltas graves se sancionan con multa o suspensión. La suspensión tendrá una duración mínima de quince días y una duración máxima de tres meses. Por su parte, las faltas muy graves se sancionan con suspensión, con una duración mínima de cuatro meses y una duración máxima de seis meses, o con destitución.

El procedimiento disciplinario puede realizarse mediante una queja hecha a pedido de parte o de oficio y es llevado a cabo por el órgano disciplinario que corresponda conforme a ley. El plazo para interponer la queja contra los jueces caduca a los seis meses de ocurrido el hecho; mientras la facultad del órgano de control para iniciar investigaciones de oficio por faltas disciplinarias prescribe a los dos años de iniciada la investigación (art. 61). Asimismo, en dicho procedimiento se admite la suspensión preventiva del cargo, así como solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado.
En lo que respecta al régimen de evaluación, se diferencia entre evaluación del desempeño parcial y evolución del desempeño integral. El primero, tiene por finalidad conocer el rendimiento y mérito de los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia. El segundo, por su parte, tiene por finalidad separar o mantener al juez en el cargo (art. 67).

Posteriormente corresponderá a las oficinas del Registro de Estado Civil que operen en las municipalidades la emisión de una copia certificada del acta de nacimiento de las personas empadronadas, en la cual se consignará la leyenda: “uso exclusivo para el trámite del DNI”. Asimismo, la norma materia de comentario ha establecido la gratuidad de la mencionada copia certificada.

Finalmente, cabe señalar que el mencionado documento normativo de gestión consta de V títulos, VII capítulos, 43 artículos, dos disposiciones complementarias, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.