Gaceta Jurídica,






 
 
 



 
 
 
 

OCMA: Establecen cronograma de Visitas Ordinarias para los meses de Enero, Marzo y Abril del 2015. (19/12/2014)

 

La Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial resuelve establecer el cronograma de Visitas Judiciales Ordinarias para los meses de Enero, Marzo y Abril del 2015, en las Cortes Superiores de Lima Sur, Lima Norte, La Libertad, Arequipa y Apurímac, afín de verificar, el desempeño funcional de los Magistrados y Auxiliares que integran tales órganos jurisdiccionales y el cumplimiento de las normas legales y administrativas de su competencia. Así lo ha dispuesto la Resolución Administrativa Nº 284-2014-J-OCMA/PJ, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2014.XNT El cronograma de visitas que se llevaran en las Cortes Superiores de Justicia antes mencionadas, se realizan los días 12, 13 y 14 de enero en la Corte de Lima Sur; los días 10, 11 y 12 de marzo en la Corte de Arequipa; los días 24, 25 y 26 de marzo en la Corte de La Libertad; los días 07, 08 y 09 de abril en la Corte de Apurímac y los días 27 y 28 de abril en la Corte de Lima Norte.

 
 

La no motivación de las resoluciones judiciales solo será controlada disciplinariamente en los supuesto de no motivación total o parcial.  (17/12/2014)

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha instituido que, la falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48, numeral 13), de la Ley de la Carrera Judicial, solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial Así lo ha dispuesto la Resolución Administrativa Nº 360-2014-CE-PJ, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2014.XNT Cabe señalar que para la calificación de la falta muy grave de no motivación de las resoluciones judiciales, los órganos de control del Poder Judicial deben tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia que el principio derecho de motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que, su contenido constitucional se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión Por tanto, la norma en comento en razón a que tal disposición sea de aplicación correcta, aclara, que la no motivación total está referida a los supuestos de motivación inexistente o aparente del análisis del caso concreto. En tanto que, la no motivación parcial está referida a la omisión de alguno de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley que resultan de obligatorio análisis en el caso concreto. Asimismo, establece que los órganos de control de la magistratura del Poder Judicial, ante tal disposición tienen la obligación funcional de identificar en forma expresa, clara y precisa el supuesto específico de no motivación total o parcial, como requisito de procedibilidad para iniciar válidamente cualquier procedimiento

 
 

Publican Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social (16/12/2014)

 

Con el objeto de mejorar la empleabilidad y promover la contratación de jóvenes desocupados para que cuenten con mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a través de un empleo de calidad con  protección social, se ha publicado la presente norma que es aplicable a nivel nacional en el sector privado para la contratación laboral de jóvenes entre 18 y 24 años, inclusive, con educación completa o incompleta de secundaria o superior técnica o universitaria, que se incorporen por primera vez a la planilla electrónica como trabajador, o a la fecha de contratación, se encuentren desocupados.

Asi lo ha dispuesto la Ley N° 30288, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2014. XNT

Entiéndase por contrato laboral juvenil al contrato sujeto a plazo determinado y a tiempo completo, que consta por escrito y es firmado por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, las condiciones de la relación laboral, así como la actividad que desarrolla el joven. Una copia del contrato es entregada al joven, antes o al inicio de la prestación de servicios, y otra es presentada a la autoridad administrativa de trabajo dentro de los quince (15) días calendario de su celebración.  En el caso del joven que está cursando o haya culminado estudios superiores debe desarrollar una ocupación relacionada a su formación y si por el contrario a{un está cursando o haya culminado su educación secundaria debe desarrollar una ocupación que incremente su empleabilidad.

Los jóvenes contratados bajo este régimen especial no pueden exceder el veinticinco por ciento del total de trabajadores de la empresa.

Los contratos laborales celebrados por jóvenes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley continúan rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, al amparo del imperio de las leyes que regularon su celebración.

El plazo que se establece es determinado de por lo menos un año, con un periodo de prueba de sesenta días calendario y una vez vencido, este podrá ser renovado por periodos de al menos seis meses. El plazo máximo de duración, incluyendo sus prórrogas en la misma empresa, es de tres años siempre que el joven mantenga el límite de edad.

En caso de que se termine la relación laboral del joven por decisión arbitraria de la empresa, antes de la finalización del plazo del contrato, el empleador debe pagarle, en efectivo, un monto equivalente a veinte  remuneraciones diarias por cada mes dejado de laborar con un máximo de ciento veinte remuneraciones diarias. Las fracciones de mes se abonan por treintavos.

Por otro lado, el contrato laboral juvenil se considera de duración indeterminada si el joven: continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas o estas excedan del límite máximo permitido, cumplidos los 25 años o cuando el joven demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente Ley.

Es de aplicación todos los derechos laborales reconocidos hasta el momento, el régimen laboral especial comprende una remuneración mínima, una jornada de trabajo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional de quince días calendarios por cada año completo de servicios, descanso por días feriados, protección contra el despido injustificado.

En cuanto a la  jornada de trabajo le es aplicable lo previsto por el Decreto Supremo 007-2002-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo Modificado por Ley 27671, o norma que lo sustituya.

Dentro de los beneficios sociales que incluye esta Ley es la afiliación obligatoria al seguro social en salud y, en los casos que corresponda, serán asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de acuerdo a las normas que lo regulan y asimismo, deben afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Los jóvenes contratados bajo el régimen laboral especial previsto en la presente Ley son inscritos automáticamente en la Bolsa de Trabajo de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y antes de los tres meses del vencimiento de su contrato, la Bolsa de Trabajo le notificará las posibilidades de contratación disponibles según el perfil del joven.

Las empresas que contraten jóvenes bajo este régimen especial tienen derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta equivalente al monto del gasto de capacitación de jóvenes contratados bajo este régimen, siempre que no exceda al dos por ciento (2%) de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en que devenguen dichos gastos; para lo cual son aplicables los requisitos a que se refiere el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley 30056 y sus modificatorias, salvo lo dispuesto en el literal a) de dicho numeral. Este porcentaje es adicional al establecido por el crédito por gastos de capacitación señalado en la Ley 30056.

 
 

Declaran el 2 de enero de 2015 como día no laborable para el sector publico y privado (14/12/2014)

 

Se ha resuelto declarar día no laborable, a nivel nacional, para los trabajadores del sector público y privado, el día 02 de enero de 2015; señalándose que las horas no trabajadas en ese día serán compensadas. Para el sector público, la compensación se efectuará a los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades; mientras que para el sector privado, se compensará por acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, y a falta de acuerdo, lo decidirá el empleador. Así lo ha dispuesto el Decreto Supremo Nº 073-2014-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2014.XNT La norma ha previsto que para fines tributarios el día 02 de enero será considerado hábil. Por otro lado, dispone que las entidades del sector público deban adoptar las medidas necesarias para garantizar a la comunidad la provisión de servicios indispensables. Asimismo, están facultadas para determinar que puestos de trabajo están excluidos del día no laborable, las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, y vigilancia, así como los hoteles y establecimientos de hospedaje que reciban y presten servicios a huéspedes. De igual forma, están exceptuadas del día no laborable aquellas labores indispensables, en todo tipo de empresa, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa.

 
 

Establecen disposiciones sobre la declaración judicial de ausencia o contumacia en la fase instructiva del proceso penal sumario y ordinario (12/12/2014)

 

Los jueces de los órganos jurisdiccionales penales y/o mixtos deben tener en cuenta que no corresponde la declaración judicial de ausencia o contumacia del reo en la fase instructiva del proceso penal sumario y ordinario, con el mandamiento de conducción compulsiva, en razón de su inconcurrencia u oposición expresa (oral o escrita) a presentarse a la diligencia de declaración instructiva; en atención al derecho del imputado a la no autoincriminación, En esa perspectiva, el proceso penal sumario puede concluir con una sentencia; así como el proceso penal ordinario puede transitar hacia la etapa de juicio, prescindiendo de la declaración del imputado, salvo que éste lo solicite como medio de defensa. Por otro lado, también establece que corresponde al Fiscal durante la investigación preliminar identificar y constatar la dirección domiciliaria real y actual del imputado, por lo que el Juez solo podrá emitir el auto que da inicio al proceso penal sumario y ordinario, cuando en la formalización de denuncia se haya cumplido el presupuesto antes anotado con los recaudos respectivos; ello con el objetivo de garantizar la debida notificación judicial del imputado, de forma tal, que se garantice su derecho a la defensa y el debido proceso. Así lo ha dispuesto la Resolución Administrativa Nº 310-2014-CE-PJ, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 2014.XNT Cabe señalar, que la presente se emite en atención a que la declaración judicial de ausencia o contumacia del imputado en la fase instructiva del proceso penal sumario u ordinario, con el mandamiento de conducción compulsiva ejecutada por la Policía Nacional bajo la forma de requisitorias, resulta manifiestamente incompatible con la consideración de ésta como un medio de defensa del imputado a la no autoincriminación; tanto en su forma negativa, cuando el inculpado ejerce su derecho a abstenerse de declarar sin que esa decisión pueda causarle perjuicio alguno; como en su forma positiva, cuando a su vez se le reconoce el derecho de prestar declaración y ampliarla cuando lo considere conveniente según su estrategia de defensa. Además, cabe precisar que se considera incompatible la declaración judicial de ausencia o contumacia en la fase instructiva del proceso penal sumario y ordinario en razón a su inconcurrencia u oposición expresa (oral o escrita) a presentarse a la diligencia de recepción de la declaración instructiva. Asimismo, es de considerar, que la declaración del imputado no es un acto procesal de obligatoria realización, puesto que, al ser éste un derecho corresponde en rigor ser ejercido a iniciativa e interés del propio imputado, por lo que no existe obstáculo alguno para que el proceso penal discurra normalmente hasta concluir con una sentencia en el caso del proceso sumario, o, transitar hacia la etapa de juicio en un proceso ordinario. El derecho a la no autoincriminación forma parte de los derechos implícitos del debido proceso, por lo que su ejercicio debe estar condicionado al beneficio y/o conveniencia del imputado más no a su imputación.

 
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