Comentarios a las Normas del día
Nuevos retos del derecho de acción frente a la Justicia “digital” (07/31/2020)


Gino Castillo Yasuda [*]

 
La actividad de los órganos jurisdiccionales, actualmente, viene siendo desarrollada a través del trabajo remoto, debido a la actual pandemia del Covid 19. Ante dicha labor, la digitalización de los expedientes civiles abre paso a una especial y delicada labor de los operadores jurídicos: Velar por la eficacia del derecho de acción, evitando el rechazo de las demandas con argumentos arbitrarios o ajenos a la propia digitalización del trabajo remoto.

Palabras claves 
Trabajo remoto / Estado Constitucional / Derecho de acción /Justicia digital

Marco Normativo:
Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos” y el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades” (Res. Administrativa Nro. 000133-2020-CE-PJ): passim.

Modifican el Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM” (Res. Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ): passim.

Introducción 

Nuestra sociedad viene enfrentando nuevos retos a todo nivel de organización frente a la pandemia global que nos impone el Covid 19 y el Derecho Procesal no puede ser la excepción, siendo que dichos retos se producen, también, en sus instituciones procesales, como lo es el derecho de acción. Como medida de prevención sanitaria frente a este virus mundial, desde el 16 de marzo de este año, el Gobierno dispuso el distanciamiento social obligatorio a todos los ciudadanos y la suspensión de diversas actividades políticas, económicas, sociales y jurídicas; entre ellas, la suspensión de la atención presencial en los órganos jurisdiccionales civiles, salvo en materia de alimentos.

Si bien es cierto que, el Poder Judicial ha retomado sus labores, éstas se vienen realizando a través del trabajo remoto y es probable que ello perdure mientras lo haga la propia pandemia. Con ese propósito y con la finalidad de favorecer el impulso de los procesos judiciales en trámite, mediante Resolución Administrativa Nro. 000133-2020-CE-PJ del 07 de mayo del 2020, publicada el 13 de mayo del 2020 en el diario oficial El Peruano, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó, entre otras medidas, la “Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de Expedientes Físicos” y, posteriormente, por Resolución Administrativa Nro. 000146-2020-CE-PJ del 16 de mayo del 2020, publicada el 23 de mayo del 2020 en el diario oficial El Peruano, dispuso la presentación de recursos y/o escritos a través de la MPE (Mesa de Partes Electrónica) ya sea en un expediente EJE (Expediente Judicial Electrónico) con firma electrónica u expediente NO – EJE con firma gráfica escaneada, es decir, dispuso la presentación de escritos y demandas de forma digital.

Uno de los retos que impone la digitalización de las demandas lo constituye el ejercicio del derecho de acción dentro del marco de un Estado Constitucional, evitando el rechazo de las demandas por criterios arbitrarios o ajenos a la propia eficacia de la digitalización de las demandas y respetando el Debido Proceso. Ello implica que, de un lado, el juez debe asumir el nuevo reto de calificar la demanda sin documentación física, aplicando el Derecho que corresponda según su autonomía y capacidad jurídica; y, de otra parte, los abogados debemos brindarle los fundamentos jurídicos y probatorios que favorezca a la tutela que se solicita, en este nuevo transito digital. 

El Estado Constitucional

En ese punto importa determinar los alcances del Estado Constitucional, lo que supera la noción de Estado de Derecho entendida como el sometimiento del poder estatal a la ley (principio de legalidad), aumentando los parámetros de protección de las libertades y derechos de los ciudadanos desde y a través de la Constitución, es decir, el poder estatal se somete no sólo a ley sino, también, a la Constitución (principio de constitucionalidad), lo que influye de forma directa al Derecho Procesal y, en este punto, revitaliza la importancia el estudio de las garantías procesales constitucionales. 

Es en este contexto del Estado Constitucional que el Derecho Procesal se vincula directamente con la protección de los derechos que otorga la Constitución; lo que se corrobora con la existencia y vigencia de las diversas garantías procesales constitucionales. Esta idea trasladada al proceso judicial, que es la herramienta central del Derecho Procesal, supone que el operador jurídico (legislador, juez, abogado), al analizar las reglas del proceso judicial no sólo tendrá que tener en cuenta las leyes procesales y/o las instituciones procesales sino que, además, el operador jurídico deberá emplear dichas herramientas de forma compatible con los principios y valores constitucionales para adecuarse a los parámetros de protección del Estado Constitucional de Derecho. De tal forma, por ejemplo, a la luz de la Constitución no es posible concebir un proceso judicial con limitaciones o restricciones del ejercicio de garantías mínimas como el derecho de acción, sin justificación alguna desde las razones que brinda la Constitución. 

Es en el Estado Constitucional de derecho que se observa el rol primordial de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico. Sobre esta supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional en la STC 4053-2007-PHC, FJ 12 ha dispuesto lo siguiente:

El Estado Constitucional de Derecho supone, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de distinciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto (Eto Cruz, 2011, p. 74).

Asimismo, es importante contar con procesos judiciales adecuados a dicho marco constitucional. Por tal motivo, el profesor Giovanni Priori (2009) señala lo siguiente:

El proceso en el Estado constitucional debe estar diseñado de modo tal que todos esos derechos y principios constitucionales obtengan en ese diseño su máxima optimización en conjunto. En caso que, ello no se lograse en un caso concreto, será el juez, a quien le corresponda ponderar los principios en conflicto a fin de obtener la máxima protección de todos en conjunto, para el caso concreto.

Ese es el gran desafío del proceso en el Estado Constitucional. Al ser el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva un derecho de contenido complejo el diseño del proceso supondrá constantes tensiones. Pero esas tenciones no debe ser resuelta con la protección de uno de esos principios en desmedro de los otros, sino más bien buscando la ponderación de todos. El proceso en el Estado constitucional es el escenario en el que todos los derechos que integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva logran su máxima optimización. Con el riesgo de ser reiterativos, ponemos énfasis en todos. Ello no es fácil y supone que se aplique adecuadamente el test de ponderación de los derechos. Muchas veces por la protección de uno de ellos (por ejemplo, la defensa) se terminan sacrificando otros (el derecho a un plazo razonable). Ni sólo uno ni sólo otro, sino los dos, en el máximo grado posible de vigencia, que permita a ambos convivir con el máximo desarrollo de sus potencialidades. Por ello, en esta sede, el legislador intenta, solo intenta un modelo, pero es el juez, el único que puede hacer que en el caso concreto esta optimización se produzca. (p. 354-355),

Para nuestro trabajo nos importa contar con criterios acordes a la Constitución al momento de calificarse la demanda, pues a través del trabajo remoto y la presentación de demandas sin soporte físico ya contamos con un nuevo diseño de proceso, es decir, un proceso digital.  

El Derecho de acción 

Los jueces y los operadores jurídicos nos encontramos sometidos democráticamente a la Constitución. Tan cierto es ello que el ejercicio del derecho de acción o Derecho al Acceso a la Justicia tiene pleno reconocimiento debido a su naturaleza fundamental y constitucional. De tal forma, este derecho forma parte integrante del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva reconocido en el numeral 3) del art. 139 de la Constitución Política del Perú que, a la letra, dice: 

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
3.La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

En este apartado, hacemos notar que nuestro Tribunal Constitucional ha elaborado diversa jurisprudencia constitucional sobre el contenido y el alcance del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, por ende del derecho de acción  .

Mediante este derecho cualquier sujeto de derecho que pretenda la tutela jurisdiccional de su derecho lesionado podrá acceder a los órganos jurisdiccionales para solicitar la forma de tutela acorde a la satisfacción de sus derechos; lo que supone que el juez tendrá que calificar que la demanda contenga los requisitos legales correspondientes; a fin de obtener del litigio judicial, la protección adecuada e idónea del derecho lesionado que, en palabas del Giuseppe Chiovenda (1948) implica lo siguiente:

La voluntad de la ley tienda a actuarse en el campo de los hechos hasta las últimas consecuencias prácticas y jurídicamente posibles. Por consiguiente, el proceso debe dar, en cuanto sea posible prácticamente, a quien tiene un derecho, todo aquello y exactamente aquello que tiene derecho a conseguir. (pp. 47-48).

Dada la importancia del derecho de acción para los fines del proceso en su búsqueda de Justicia que debemos notar que de la improcedencia de la demanda o cualquier barrera al acceso a la Justicia debe contener principios de constitucionalidad o legalidad y un examen riguroso acerca de la validez o no de la relación jurídica procesal; lo que cobra importancia en esta época de pandemia y la labor que realiza el Juez al calificar la demanda con soporte digital.

El reto de la calificación de la demanda digital 

Ante esta nueva realidad creada por los tiempos modernos y acelerada por el Covid 19, que permite la presentación de demandas en la MPE, el reto de los operadores jurídicos es hacer efectivo el derecho de acción, tanto al momento de la presentación de las demandan ante la MPE como, también, al momento de su calificación a cargo del órgano jurisdiccional competente.  Esta obligación emana de la noción de Estado Constitucional antes mencionado. 

Consideramos que este reto podrá superarse con resiliencia de las partes involucradas. Por un lado, los demandantes deberán brindar herramientas jurídicas que coadyuven a la labor de calificación de demandas digitales a cargo del Juez, en términos de otorgar sólidos argumentos jurídicos y medios probatorios que sustenten los hechos de sus demandas; y, de otra parte, se hace necesario que los jueces realicen su importante labor jurisdiccional con empatía jurídica , evitando decisiones arbitrarias o injustificadas que rechacen las demandas digitales, impidiendo el acceso a esta novedosa Justicia “digital”.

Cabe preguntarnos: ¿Qué decisiones podrían ser arbitrarias o ajenas a los fines de la digitalización, entendida ésta como medida tecnológica para atender con prontitud o urgencia los pedidos de tutela judicial, es decir, favorecer el ejercicio del derecho de acción? La lista puede ser diversa. Sin embargo, es oportuno brindar algunos casos de posibles requerimientos que podrían generar la inadmisibilidad o el rechazo de las demandas digitales, con el propósito que ello sea atendido y/o analizado a la luz de la Constitución.

1.Requerimiento de adjuntar papeletas de habilitación de abogados en las demandas.
Tal requerimiento no solo resulta ilegal, ya que vulnera el literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nro. 1246 (Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa) publicada el 10 de noviembre del 2016 en el diario oficial El Peruano, sino que lejos de sancionar el actuar negligente o no del abogado que suscribe la de la demanda, vulnera el derecho de acción del titular del derecho lesionado (parte material), lo que es un despropósito frente a los fines del proceso que tiene como fin primordial la tutela de sus intereses y/o derechos. 

Incluso, en el caso hipotético que el juez pueda tener razones fundadas de la falta de habilitación del abogado que suscribe la demanda resulta acorde al marco constitucional que se admita la demanda (de contar ella con los requisitos de ley) y, posteriormente, se requiera las papeletas de habilitaciones correspondientes a fin de no perjudicar a la parte material titular del derecho lesionado.

2.Requerimiento de adjuntar cedulas de notificación suficientes para notificar a las partes.

El acceso a la Justicia no puede verse impedido de realización por esta modalidad de barrera ya que, si bien la norma procesal exige ella, en un Estado Constitucional, la propia naturaleza fundamental del derecho de acción debe prevalecer en su aplicación frente a la norma procesal, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de dicho principio constitucional; lo que es permitido por el Articulo 138 de la Constitución Política del Perú (control difuso). 

Incluso, este requerimiento es viable luego del admisorio y durante la duración del proceso judicial, siendo que los jueces, bajo el Principio de Dirección del Proceso, están facultados para imponer sanciones por su incumplimiento, conforme a los artículos 52 y 53 del Código Procesal Civil. 

3.Requerimiento de documentos físicos de testimonios de escritura pública emitida por notarios en ejercicio de sus funciones.

Actualmente los protocolos notariales utilizan testimonios electrónicos de escrituras públicas remitidos a los contratantes a través de correos electrónicos; los que, a su vez, son pasibles de constituir “Títulos Ejecutivos” (numeral 10 del artículo 688 del Código Procesal Civil) o medios probatorios de demandas presentadas a la MPE.

En ese sentido precisamos que los testimonios electrónicos o digitales de escrituras públicas son válidos y eficaces para ser utilizados en los procesos judiciales, tal como lo dispone los artículos 24, 83 y 86 del Decreto Legislativo 1049 (Ley del Notariado) y los artículos 17 y 35 del D.S. 010-2010-JUS (Reglamento de la Ley del Notariado). Entendemos que es una herramienta razonable que podrían utilizar algunos notarios durante este estado de emergencia o, incluso, durante los próximos meses debido al Covid 19; resultando útil dicho documento.

Sin embargo, es posible que su uso a nivel judicial sea poco frecuente, lo que llevaría a que algunos Juzgados requieran el documento físico, al levantarse la suspensión de labores del Poder Judicial. De darse esta problemática sugerimos que la demanda incorpore breve fundamentación jurídica acerca de su validez; a fin de favorecer el ejercicio constitucional del derecho de acción. 

4.Requerimiento de adjuntar documentos físicos de vigencias de poderes certificados por funcionarios de SUNARP.

Los documentos antes indicados son emitidos por SUNARP de forma electrónica, tal como lo dispone Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nro. 024-2019-SUNARP/SN del 06 de febrero del 2019, publicada el 07 de febrero del 2019 en el diario oficial El Peruano, siendo que dicho formato digital obedece a una política modernización de los registros públicos. Al efecto, para mejorar las necesidades de la ciudadanía aprobó la expedición de la publicidad registral a través de medios electrónicos; así como la implementación de mecanismos de verificación que aseguren la confiabilidad e integridad de la reproducción impresa del documento electrónico. 

En ese sentido, la citada resolución administrativa aprobó la emisión de vigencias de poderes en formato digital. Por lo tanto, se hace imprescindible que los operadores jurídicos contemplemos estos nuevos documentos en formatos electrónicos a fin que ellos sean de utilidad para el ejercicio irrestricto de nuestro derecho de acción frente a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Más aún si dicho documento cuenta con los protocolos de seguridad para la identificación del funcionario público que la emite, lo que es posible corroborar a través de la página web de SUNARP.

5. Requerimiento de vigencias de poderes de quienes suscriben estados de cuenta de saldo deudor en los procesos de ejecución de garantías donde la escritura pública incluye la obligación demandada y la hipoteca. 

Este requerimiento carece de sustento legal  ya que no resulta obligatorio al demandante cuando la hipoteca y la obligación constan en el mismo testimonio de escritura pública, tal como lo dispone el Precedente Segundo del Sexto Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación 2402-2012-Lambayeque) del 03.11.2013. Al efecto, el Precedente Segundo dice lo siguiente: 

II) PRECEDENTE SEGUNDO:
Para la procedencia de la ejecución de garantías a favor de empresas que integran el sistema financiero, a la demanda de ejecución deberá acompañarse:
i)Documento constitutivo de la garantía real, que cumpla con las formalidades y requisitos de validez establecidos en los artículos 1098 y 1099 del Código Civil o, en su caso, por ley especial, con las siguientes particularidades: 
a.Tratándose de una garantía real constituida expresamente para asegurar una obligación determinada siempre que aquella esté contenida en el propio documento constitutivo de la garantía –a los efectos de procedencia de la ejecución- no será exigible ningún otro documento.
(…)
ii)Los demás documentos indicados en el artículo 720 del Código Procesal Civil.  

Incluso, sobre este particular, la Primera Sala Comercial de Lima (Exp. 07603-2017-0-1814-JR-CO-14) , mediante resolución Nro. 02 del 15.03.2018 ratifica nuestra posición y sostiene que no es necesario requerir poderes en casos que deuda se encuentra dentro de la escritura pública de hipoteca, al momento de calificar la demanda.

Al efecto, señala lo siguiente:

SETIMO.- 
(…)
7.3. No obstante a ello, conforme se verifica del testimonio de escritura pública que obra de foja 7 a 32, la obligación puesta a cobro se encuentra contenida en el propio documento constitutivo de la garantía real, por tanto nos encontramos bajo el supuesto contenido en el literal a) del mencionado precedente segundo; razón por la cual no es requisito para este proceso, la presentación de la liquidación de estado de cuenta de saldo deudor con las exigencias previstas en el artículo 132 inciso 7 de la Ley Nro. 26702 (regla prevista en el numeral I literal b.3 del referido precedente segundo del Sexto Pleno Casatorio Civil); teniendo en consideración que no se requiere adjuntar documento adicional más que los previstos en el artículo 720 del Código Adjetivo… .

En consecuencia, no se requiere adjuntar ningún documento adicional, en casos donde obligación dineraria pendiente de pago (préstamo hipotecario) y la garantía real (hipoteca) constan en el mismo testimonio electrónico de escritura pública. Lo contrario atenta el derecho de acción del solicitante.  

Conclusión

Más allá de las nuevas herramientas tecnológicas al alcance de los diversos operadores jurídicos, la modernización del proceso civil tomó un rumbo acelerado debido a la pandemia del Covid 19 que obliga solo al distanciamiento social, lo que no debe ser contrario al ejercicio del derecho de acción como primer eslabón para lograr Justicia. 

No se trata de una nueva Justicia “digital” sino una Justicia real en términos de solución de controversias jurídicas y de bienestar social, apoyada, claro está, con la digitalización de los expedientes de los procesos civiles. Por tal motivo, el ejercicio irrestricto del derecho de acción nos involucra a todos los operadores jurídicos; abogados para mostrar empatía hacia la labor de los órganos jurisdiccionales y los jueces a fundamentar sus decisiones a la luz de la Constitución y las normas que favorecen la digitalización del proceso civil.

Bibliografía
CHIOVENDA, Giuseppe
1948 Instituciones de derecho Procesal Civil. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado.

ETO CRUZ, Gerardo
2011 El desarrollo del Derecho Procesal a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Lima: Editorial Adrus. 

PRIORI POSADA, Giovanni
2009«El proceso en el Estado Constitucional». En Constitución y Proceso. Lima: Ara Editores. 

[*] Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster con mención en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado asociado del Estudio Isola Bruce Abogados S.C.
 
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