Comentarios a las Normas del día
La debida motivación de las resoluciones judiciales en los casos de desnaturalización de la relación laboral. Comentarios a la luz de la STC Exp. N°02750-2016-PA/TC (07/30/2020)


Fiorella GUERRERO SALCEDO [*]

Lucero PALACIOS ZUÑIGA [**]

Las autoras analizan la STC Exp. N°02750-2016-PA/TC, para cuyos efectos abordan el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, concretamente la debida motivación. De tal manera, desarrolla aquellos supuestos en que no se cumple con la garantía de debida motivación y enfatiza en la importancia de su observancia en los casos sobre desnaturalización de la relación laboral. 

MARCO NORMATIVO:
Constitución Política: arts. 27, 139 incs. 3, 6; 200 inc. 3
TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D.S. N° 003-97-TR): arts. 34, 36 y 77.

PALABRAS CLAVE

Amparo laboral / Debido proceso / Debida motivación / Desnaturalización / Reposición laboral / Indemnización

I.DEBIDO PROCESO: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTO

En el Perú, el respeto irrestricto al debido proceso se extiende no solo a los procesos jurisdiccionales sino a todos los fueros, entiéndase que la observancia del debido proceso no es exclusiva del ámbito jurisdiccional sino también se aplica al área administrativa y demás. Así tenemos que el propio Tribunal Constitucional, con fecha 12 de diciembre de 1996, refería que “(…) el respeto de las garantías del debido proceso también es de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado” (STC Exp. N° 067-93 AA/TC). 

Sumemos a esto último que hoy en día el debido proceso resulta aplicable tanto en el marco de un proceso judicial ya sea dentro o fuera del territorio nacional, como dentro de un procedimiento administrativo, un proceso arbitral o militar e, inclusive, se traslada a las relaciones entre particulares cuando existe un procedimiento que observarse, esto sin importar quienes son las partes intervinientes (personas naturales, personas jurídicas, o el propio Estado) entiéndase que en cada esfera de la actividad pública o privada en donde existe un proceso, éste conlleva de manera inherente un principio fundamental que garantiza a las partes que ambas contarán con igualdad de condiciones para ejercer su defensa, exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y que con base a ellas se emitirán fallos debidamente motivados.

En definitiva, si bien es cierto el debido proceso es una garantía derivada del ámbito jurisdiccional, su aplicación resulta sustancial en todas las esferas del Derecho e implica la observancia de principios fundamentales de Derecho, en este artículo nos enfocaremos en la debida motivación de las resoluciones judiciales y la especial importancia que esto adquiere en los casos de desnaturalización de relación laboral.

En este orden de ideas, podemos definir al debido proceso como aquel derecho que tiene toda persona (natural o jurídica) de solicitar y exigir al órgano resolutor que se encuentre revisando su caso particular, el respeto de todo un conjunto de principios procesales, para que la controversia pueda resolverse de manera justa. 

Desde ese punto de vista, se entiende que el debido proceso es una garantía constitucional y un principio procesal esencial, donde todo justiciable tiene derecho a la defensa, con pleno respeto de las normas, y comprende a un conjunto de principios relativamente heterogéneos, pero absolutamente independientes, que conforman una unidad con relación al tipo de proceso que exige un Estado de Derecho, principios que además han de determinar el curso regular de la administración de justicia por parte de sus operadores y que se instituyen como reglas y formas cuyo fin es la protección de los derechos de las personas . 

Ahora bien, el principio del debido proceso contiene innumerables expresiones y manifestaciones que se deben observar, por lo que para entenderlo íntegramente se hace necesario revisar el rol que cumple el término “justicia” dentro de este principio. En ese sentido, debemos decir que la conexión que debe existir entre el debido proceso y la justicia es una concepción derivada de la doctrina norteamericana , mediante la cual se pone de manifiesto que el desarrollo del proceso y la decisión emitida deba ser justa y no arbitraria, es decir dicha manifestación no podrá derivarse de una arbitrariedad por parte del juzgador (entiéndase en un sentido amplio como todo aquel encargado de resolver un conflicto de intereses ya sea en sede administrativa, judicial u otro). Si hubiera arbitrariedad, debería declararse nula aquella decisión injusta que afecte al debido proceso, ya sea de manera íntegra o cualquiera de los principios que lo conforman (derecho de defensa, debida motivación, legalidad).

Al respecto, el debido proceso tiene diversas maneras de manifestarse (Morón Urbina, 2008, p.35), de las cuales las principales expresiones son: 

a)Derecho a exponer argumentos: Es el derecho de toda persona a oír y ser oído, el cual se materializa en la potestad de exponer las razones por las cuales plantea su pretensión o defensa, así como el derecho a interponer recursos y reclamaciones. 
b)Derecho a ofrecer y producir pruebas: Consiste en el derecho a presentar material probatorio, a exigir que el administrador de justicia produzca y actúe los ofrecidos, y a contradecir aquellos que se consideren irrelevantes. 
c)Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho: Consiste en el derecho que tienen las personas para que las decisiones emitidas por el juzgador respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los principales argumentos jurídicos y de hecho, así como de las cuestiones propuestas por ellos en tanto hubieren sido pertinentes a la solución del caso.
En este orden de ideas, debido proceso es una garantía constitucional que permite brindar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, una debida motivación que contenga la fundamentación jurídica, y que exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante una resolución arbitraria. 

A su vez, el debido proceso se encuentra reconocido por el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en tanto se indica que una garantía de la administración de justicia es la observancia del debido proceso, así tenemos: Artículo 139 numeral 3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Artículo 139 numeral 5.- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Artículo 139 numeral 14.- El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

II.CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO: DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el Expediente 00728- 2008-PHC/TC, ha definido el contenido constitucionalmente protegido en estos términos:

“Así las cosas, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida que el contenido esencial se mantenga incólume. Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el contenido esencial de dicho derecho sólo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho fundamental”.

El contenido del debido proceso no es un derecho limitativo sino por el contrario se encuentra muy enlazado con otros derechos fundamentales. Consideramos que el debido proceso tiene como contenido constitucional el derecho de defensa, el derecho a que las resoluciones se encuentren debidamente motivadas y fundada en derecho, el derecho a ser informado sin demora, el derecho a probar, el derecho a que las decisiones emitidas sean justas y objetivas, entre otras; en suma, todo aquello que se relaciona con brindar un procedimiento justo y objetivo a las partes, está contenido o vinculado al debido proceso.

Tal como señalamos inicialmente, ahondaremos en el derecho a la debida motivación, pues de la sentencia materia de análisis tenemos que el Tribunal Constitucional concluye que la interpretación aplicada por la judicatura ordinaria de que es posible la desnaturalización  de la relación laboral de un docente contratado bajo los alcances de la ley universitaria, es manifiestamente contraria a lo que dispone la norma aplicable (en donde se establece el concurso público por meritocracia), ergo, se verifica que las premisas normativas de las cuales parte la resolución cuestionada carecen de validez jurídica, precisamente es esta situación la que lleva a la conclusión de que la resolución cuestionada lesiona el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, no por no estar motivada en sí, pues en apariencia la resolución mencionada sí desarrolla la desnaturalización de la relación laboral, sino porque presenta graves deficiencias en la motivación externa.

Recordemos que la debida motivación se encuentra referida a que todas las resoluciones emitidas por cualquier autoridad pública deben encontrarse clara y debidamente fundamentadas en las decisiones que se adopten. 

En ese sentido, el TC, mediante Expediente 03943-2006-PA/TC, ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho busca que, entre otros, no se presenten los siguientes supuestos: 

a)Inexistencia de motivación o motivación aparente: La contravención del derecho a una decisión debidamente motivada se presenta cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente. 
b)Falta de motivación interna del razonamiento: La falta de motivación interna del razonamiento se presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que se establecen previamente a la decisión y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso e incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. 
c)La motivación insuficiente: Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. 
d)La motivación sustancialmente incongruente: Obliga a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan una modificación o alteración.

La motivación no es otra cosa que la manera de justificar la calificación jurídica, por lo que el juzgador se encuentra obligado a fundamentar aquellas consecuencias jurídicas que deriven de la adecuación del hecho en determinada norma. Tal como lo indica Bustamante (2000):

Lo que se busca es que las decisiones que se emitan en un proceso o procedimiento sean adecuadamente motivadas y que no sea una decisión de una mera subjetividad del juzgador, sino una derivación razonada de los valores, normas y circunstancias en torno al cual se desarrolla al caso concreto, así como de las circunstancias comprobadas de la causa. (pp.38-51). 

En ese sentido, la motivación que se expresa en una decisión deberá ser acorde a los principios racionales para justificar la solución de cada caso en particular; en caso contrario se contravendría el principio de un debido proceso justo, afectando de tal manera el ordenamiento jurídico

III.LA RELEVANCIA DE LA STC Exp. N°02750-2016-PA/TC EN LOS CASOS DE DESNATURALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Una vez establecido lo que es el derecho al debido proceso y el derecho constitucionalmente protegido, debemos preguntarnos cuál es la importancia que tiene en los casos de desnaturalización de relación laboral y la relevancia de la STC Exp. N° 02750-2016-PA/TC.

Para ello, debemos tener claro cuál es el contenido constitucional del derecho al trabajo, pues por un lado tenemos que el artículo 27 de la Constitución Política del Perú de 1993, regula la preferencia del ordenamiento por la estabilidad en el empleo, al señalar lo siguiente: “Artículo 27. Protección del trabajador frente al despido arbitrario La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. Este artículo pone en evidencia que, dentro de los postulados del Estado Social de Derecho, las relaciones de trabajo deben continuar en tanto dure la vida de la empresa, sancionando al empleador que opte por extinguir unilateralmente una relación de trabajo, sin que para ello medie causa justa. 

Por otro lado, la interpretación del artículo 22 de la Carta Magna que versa de la siguiente manera: “Artículo 22. Protección y fomento del empleo. - El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Fue introducida por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el proceso de amparo iniciado por los sindicatos de trabajadores de Telefónica del Perú (STC Exp. 1124-2001-AA/TC), se refiere al contenido esencial del derecho al trabajo, el cual es dividido en dos aspectos: 

a)Protección de entrada o acceso al trabajo. 
b)Protección de salida o al término de la relación laboral. 

Al respecto, Blancas (2006) resumiendo dicha sentencia señala que 

[T]al núcleo duro -del derecho de trabajo- reside precisamente en el segundo aspecto del derecho […] Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción a ser despedido salvo por causa justa. Por esta razón, cuando el despido se realiza sin invocar una causa, como mero ejercicio de una facultad ad nutum del empleador. (p. 352).

En este orden de ideas, es claro que la Constitución consagra la estabilidad en el empleo, es decir, la exigencia que el despido obedezca a causa justa, lo cual encuentra respaldo en normas internacionales, tales como el Protocolo de San Salvador, el mismo que en su artículo 7 señala la obligación de los estados parte de garantizar entre otras, “la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas justas de separación (…)”. 

Ello guarda absoluta relación con el tema materia del presente trabajo, dado que para que se procure la protección a la estabilidad en el empleo que no solo se materializa al momento del término de la relación de trabajo, sino que tiene un presupuesto previo al término de la relación, toda vez que una verdadera protección al derecho en cuestión se obtiene cuando el trabajador inicia una relación laboral, la cual debe ser calificada de acuerdo con la realidad que la sustenta, lo cual implica que (Arce Ortìz, 2006):

[E]l derecho al trabajo se convierte en base del principio de causalidad, tanto al momento de iniciar la relación laboral (contratación) como al de su extinción (despido). Principio de causalidad que opera como límite a la eventual arbitrariedad del empresario. (p.6). 

Así tenemos que una vez producido el cese o durante el desarrollo de la relación laboral, el trabajador debe acudir a instancias administrativas (SUNAFIL) o al poder judicial, para poder ejercer su derecho a la defensa frente a despidos arbitrarios o frente a actos que lesionen algunos de los dos aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo antes descrito, para lo cual las decisiones adoptadas por los administradores de justicia deben estar debidamente motivadas.

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, corresponde analizar en qué supuestos se considera que nos encontramos ante una desnaturalización de la figura contractual empleada entre las partes. Así, encontramos dos grandes marcos contractuales en los cuales puede generarse la figura de la desnaturalización legal. La primera es en el sector privado, en donde la práctica nos dice que en su mayoría la desnaturalización de la relación laboral se da en el marco de tres grandes grupos contractuales: en primer lugar, la contratación sujeta a modalidad; en segundo lugar, la intermediación laboral y, en tercer lugar, las modalidades formativas laborales.

El segundo sector es de la actividad pública, donde encontramos, entre otros, contratos CAS, y servidores de han accedido a un puesto de trabajo mediante concurso público. Respecto a estos últimos, el Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado solo tendrá trabajadores estables previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada entiéndase que si el trabajador reclama su reposición, pero no ingresó bajo las condiciones descritas su demanda será improcedente, esto incluso cuando exista desnaturalización de contrato temporal (laboral o civil), y no se cumplan las nuevas condiciones, el proceso se derivará a la vía laboral para que solicite la indemnización por despido arbitrario.

Cabe recordar que anteriormente el Tribunal Constitucional que tenía una marcada tendencia de ampliar los casos de reposición en el empleo del trabajador, por lo cual el cambio de criterio adoptado debe ser ampliamente motivado, es aquí donde la debida motivación establece un vínculo de especial relevancia en los casos de desnaturalización de relación laboral, máxime cuando el derecho al trabajo se erige como un derecho fundamental de toda persona, tomando este cambio de criterio como base es que el Tribunal Constitucional ampara en la sentencia analizada, la demanda y señala que el juzgador ordinario no ha motivado adecuadamente la resolución, pues no habría aplicado la normativa para el caso del servidor público (meritocracia), consecuentemente declara nula la Casación N°7664-2013/La Libertad de fecha 25 de agosto de 2014.

CONCLUSIONES 

A manera de reflexiones finales, sobre la base de lo que hemos abordado en este artículo tenemos:
a)La noción del debido proceso se relaciona con los parámetros legales que deben regir el desarrollo de un proceso, en cuanto se refiere a la actividad del juez y de las partes así como las garantías que se reconocen a estos para su intervención en el proceso, lo cual implicaría un mecanismo de control sobre las decisiones cuando a partir de estas se afecta cualquier derecho fundamental es decir que el derecho al debido proceso se proyecta sobre el contenido mismo del pronunciamiento del administrador de justicia competente

b)Los administradores de justicia deben garantizar una actuación imparcial procurando la igualdad de condiciones entre las partes, el derecho de defensa, otorgándole todos los instrumentos necesarios para su protección, por tanto, al tener en sus manos la solución de conflictos, al momento de resolver deben sustentar debidamente toda afirmación que realicen con las pruebas idóneas y argumentos lógico-jurídicos. 

c)La debida motivación adquiere especial relevancia en los casos que versen sobre el derecho al trabajo y la defensa del contenido constitucionalmente protegido, ya sea la protección de entrada o acceso al trabajo o la protección de salida o al término de la relación laboral, pues al tratarse de un derecho fundamental amparado por nuestra Carta Magna, el administrador de justicia tiene la obligación de poner especial atención en establecer los motivos que lo llevan a resolver el conflicto, asegurando que las partes puedan conocer dichos motivos, el sustento jurídico y el criterio adoptado.

REFERENCIAS

Arce Ortíz, E. (2006). Estabilidad laboral y contratos de trabajo. En: Cuadernos de Trabajo del Departamento de Derecho de la PUCP. Lima: PUCP.
Blancas Bustamante, C. (2006). El despido lesivo de derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional. En: Jurisprudencia y Doctrina Constitucional Laboral. Lima: Palestra.
Bustamante Alarcón, R. (1997). El derecho fundamental a probar y su contenido esencial. En: Ius et Veritas. (14), pp.171-185.
Bustamante Alarcón, R. (2000). El derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo. En: Derecho & Sociedad. (15), pp.38-51. 
Morón Urbina, J. C. (2008). Principios del Procedimiento Administrativo. En: Comentarios a la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica.

* Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Socia fundadora del Estudio GVO Abogados S. Civil de R.L.
** Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Asociada del Estudio GVO Abogados S. Civil de R.L.



 
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