JUEVES 23 DE JUNIO DE 2005

 
   
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  NOTICIA DEL DÍA

PRECISAN TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURISDICCIONAL
EN LA CORTE SUPERIOR DE LIMA


 

La Resolución Nº 241-2005-P-CSJL/PJ, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, aprobó la Directiva Nº 008-2005-P-CSJLI/PJ, que exhorta a los centros de distribución general y/o mesas de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima a cumplir con las medidas adoptadas para la recepción de la documentación jurisdiccional. Esto tiene por finalidad establecer un adecuado orden y organización en los órganos jurisdiccionales, y prestar una eficiente administración de justicia a los usuarios.

En ese sentido, se ha dispuesto que la persona responsable de la recepción de los escritos, ya sea en mesa de partes o en el centro de distribución general, deberá exigir a los usuarios que adjunten las cédulas de notificación (en original y copia) que se requieran para las partes intervinientes en el proceso que necesariamente deban ser notificadas. Presentado el escrito, el responsable estampará de inmediato en la cédula de notificación el sello de “UTILIZADA” y perforarla, garantizando así que ella no sea utilizada nuevamente.

En caso de incumplimiento de alguna de las mencionadas disposiciones, se dará cuenta al órgano de control correspondiente, a fin de que se disponga de las sanciones pertinentes.

 
 
 
NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN EL DÍA
Los suscriptores de “Normas Vigentes.Net” podrán solicitarnos el envío –por correo electrónico– de los textos completos de las normas legales de interés general que, de modo sumillado, aparecen en la presente lista.


 
 
JUEVES 23 DE JUNIO DE 2005
PODER EJECUTIVO


MINISTERIO DE AGRICULTURA

Modifican los artículos 10, 13, 15 y derogan el inciso 3) del artículo 17 del Reglamento de Calidad e Inocuidad Alimentaria para los granos de arroz, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-AG. Estas disposiciones tienen por finalidad mejorar la aplicación del reglamento, mediante el perfeccionamiento de las disposiciones referidas al etiquetado del producto, los tamaños y tipos de granos de arroz, y la clasificación de la calidad de los granos de arroz con cáscara.
(D.S. Nº 028-2005-AG), El Peruano, pág. 295271.


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dictan disposiciones sobre el procedimiento, plazos y períodos de la presentación de la información financiera y presupuestaria básica por parte de las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental, conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 031-2004-EF/93.01, la Ley Nº 24680 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
(Res. Nº 184-2005-EF/93.01), El Peruano, pág. 295275.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aprueban la modificatoria de la Directiva Nº 004-VMGP-2005 “Evaluación de aprendizajes de estudiantes en la Educación Básica Regular”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0234-2005-ED. Este dispositivo varía la citada directiva en lo que respecta a los resultados de la evaluación, la promoción al grado superior y las disposiciones complementarias para la Educación Básica Regular.
(R.M. Nº 0387-2005-ED), El Peruano, pág. 295282.


Amplían por dos años el plazo de suspensión de los procedimientos de autorización de funcionamiento, a los institutos superiores pedagógicos públicos y privados, para las carreras profesionales de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en las especialidades de comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales y matemática, según lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 0765-2003-ED. Asimismo, disponen la priorización de las propuestas curriculares de las carreras profesionales de Educación Inicial de 0 a 3 años, Educación Inicial - EBI, Educación Inclusiva, Educación Primera - EBI y Educación Primaria Multigrado.
(R.M. Nº 0388-2005-ED), El Peruano, pág. 295282.


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Aprueban el Contrato de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 58, ubicado en la provincia de La Convención del departamento del Cusco. Esta disposición tiene por finalidad garantizar el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la libre competencia, según lo establecido en la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos.
(D.S. Nº 017-2005-EM), El Peruano, pág. 295283.


Aprueban la cesión de posición contractual en el Contrato de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Marañón - Lote 39. Dicha medida comprende la cesión por parte de Repsol Exploración Perú del 45% de participación en el referido contrato de licencia a Burlington Resources Peru Limited, Sucursal Peruana.
(D.S. Nº 018-2005-EM), El Peruano, pág. 295284.


Aprueban la modificación y cesión de posición contractual del Contrato de Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 101, ubicado entre las provincias de Alto Amazonas y Loreto, del departamento de Loreto. Esta disposición tiene por finalidad cambiar la denominación social de la concesionaria, asimismo comprende el otorgamiento de 55.556% de su participación en el contrato de licencia a dos empresas petroleras.
(D.S. Nº 019-2005-EM), El Peruano, pág. 295285.


Fijan las horas de regulación y la probabilidad de excedencia mensual de las centrales hidráulicas a que se refiere el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM. La aplicación mensual de estos criterios se establece a partir de mayo de 2005 hasta abril de 2009.
(R.M. Nº 250-2005-MEM/DM), El Peruano, pág. 295288.


MINISTERIO DE SALUD

Publican el texto de la Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación de Pasajeros en los Medios de Transporte Aéreo, aprobada por Resolución Ministerial Nº 451-2005/MINSA, publicada el 18 de junio de 2005. Esta norma tiene por objeto establecer requisitos higiénico sanitarios que deben cumplir los servicios de alimentación destinados a pasajeros de medios de transporte aéreo, para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, a fin de proteger la salud de los pasajeros y de la tripulación.
(Anexo R.M. Nº 451-2005/MINSA), El Peruano, pág. 295290.


MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Declaran feriado no laborable en la ciudad de Chimbote el día sábado 25 de junio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16597, que declaró la Semana Cívica en la ciudad de Chimbote.
(D.S. Nº 003-2005-TR), El Peruano, pág. 295297.

 

PODER JUDICIAL


CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Aprueban la Directiva Nº 008-2005-P-CSJLI/PJ, que tiene por objeto exhortar a los centros de distribución general y/o mesas de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima, en cuanto al cumplimiento de las medidas adoptadas para recibir documentación jurisdiccional. Mediante esta disposición se exige, al personal encargado de recibir escritos, que requieran a los usuarios la presentación de tantas cédulas de notificación como partes intervinientes en el proceso deban ser notificadas, a fin de prestar una eficiente administración de justicia.
(Res. Adm. Nº 241-2005-P-CSJL/PJ), El Peruano, pág. 295304.

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS


MINISTERIO PÚBLICO

Aprueban la Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y en los Lineamientos para la elaboración y aprobación del CAP de las entidades de la Administración Pública, aprobados por Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM. Esta medida tiene por finalidad lograr una mejor atención a la ciudadanía, optimizando el uso de recursos públicos. Para tal propósito, dejan sin efecto las Resoluciones Nºs. 1261, 1356, 1357-2001-MP-FN, 1157-2003-MP-FN y 1234-2004-MP-FN.
(Res. Nº 822-2005-MP-FN), El Peruano, pág. 295305.

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Interpretan los alcances de carácter vinculante y ejecución inmediata de los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores y de las resoluciones expedidas por la autoridad administrativa en los procedimientos concursales, conforme a lo dispuesto en los artículos 55, 117 y 119 de la Ley Nº 27809 - Ley General del Sistema Concursal. Sobre este punto, establecen que las impugnaciones a los acuerdos de Junta de Acreedores o los recursos administrativos contra resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados al amparo de la citada Ley, no limitan el desarrollo ordinario de dichos procesos.
(Res. Nº 0609-2005/TDC-INDECOPI), El Peruano, pág. 295307.

 

GOBIERNOS LOCALES


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Establecen la obligación de presentar Declaración Jurada Masiva del Impuesto Predial. Esta medida se establece a fin de contar con información actualizada en la base de datos de la Administración Tributaria en el distrito para poder ampliar la base tributaria, incorporando a los nuevos contribuyentes que se encuentran en calidad de omisos o subvaluadores de la obligación tributaria. Asimismo, establecen beneficios tributarios y administrativos de condonación de intereses y multas tributarias y administrativas por el pago del Impuesto Predial del periodo 1998-2004. Esta ordenanza tendrá una vigencia de 60 días hábiles.
(Ordenanza Nº 000039-MDSJM), El Peruano, pág. 295332.


MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Establecen, durante el periodo 2005, la exoneración del pago o presentación de derechos administrativos en los procedimientos de inscripción de predios a diversos contribuyentes de extrema pobreza que sean propietarios y/o poseedores de un solo predio ubicado en la zona denominada “La Arboleda”.
(Ordenanza Nº 138), El Peruano, pág. 295337.

 

   
 
 
 

CUADRO DE MODIFICACIONES Y DEROGACIONES DE NORMAS

En este cuadro el lector encontrará una relación de las normas legales que han sido derogadas, modificadas, precisadas, interpretadas, prorrogadas, suspendidas, etc., durante el presente día. Para mayor comodidad en la ubicación de las normas se ha preferido el orden por jerarquía jurídica. La columna de la izquierda contiene las normas legales derogadas o modificadas; la columna central indica la situación actual de la norma, y la columna de la derecha contiene las normas derogatorias o modificatorias, indicándose además el número de la página del Diario Oficial El Peruano
.

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JUEVES 23 DE JUNIO DE 2005
 
NORMA MODIFICADA
O DEROGADA
SITUACION ACTUAL
DE LA NORMA
NORMA MODIFICATORIA
O DEROGATORIA

D.S 023-2005-AG Aprueban Reglamento de Calidad e Inocuidad Alimentaria para los granos de arroz
G.J. Tomo 138, 05/05/2005, £023

MODIFICADOS:
Arts. 10; 13 nums. 13.1, 13.3; 15 nums. 15.1, 15.2
DEROGADO:
Art. 17 num. 3)

D.S. 028-2005-AG (arts. 1 y 3) Modifican Reglamento de Calidad e Inocuidad Alimentaria para los granos de arroz, aprobado por Decreto Supremo 023-2005-AG
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £130
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295271

INSTRUCTIVO 23-2004-EF-93.11 (aprobado por R. 178-2004-EF-93.01) Cierre Contable y Presentación de Información para la Cuenta General de la República
G.J. Tomo 133, 30/12/2004, £302

EXCLUIDO:
Num. 11 inc. b)

R. 184-2005-EF-93.01 (art. 8) Dictan disposiciones sobre información financiera y presupuestaria básica que deben prestar entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental conforme a la Resolución 031-2004-EF/93.01
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £131
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295275

DIRECTIVA 004-VMGP-2005 (aprobada por R.M. 0234-2005-ED) Directiva sobre Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes en la Educación Básica Regular
G.J. Tomo 137, 15/04/2005, £125

INCORPORADOS:
Nums. 6.3.3.1 lit. c; 7.3
MODIFICADO:
Num. 6.3.5.2 inc. b

R.M. 0387-2005-ED (art. único) Aprueban modificatoria de la Directiva 004-VMGP-2005, que dicta normas de evaluación de aprendizajes de estudiantes en la Educación Básica Regular
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £132
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295282

R.M. 0765-2003-ED Suspenden procedimientos para la autorización a Institutos Superiores Pedagógicos, de funcionamiento de las carreras profesionales de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, Especialidades de: Comunicación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemática
G.J. Tomo 115, 30/06/2003, £307

AMPLIADO PLAZO:
Art. 1

R.M. 0388-2005-ED (art. 1) Amplían plazo de suspensión de autorizaciones a Institutos Superiores Pedagógicos para funcionamiento de diversas carreras profesionales y disponen priorizar propuestas curriculares
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £133
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295282

R. 1356-2001-MP-FN Aprueban Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de los Órganos Administrativos de la Fiscalía de la Nación
G.J. Tomo 98, 03/01/2002, £019

DEROGADA

R. 822-2005-MP-FN (art. 4) Aprueban Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio Público
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £137
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295305

LEY 27809 Ley General del Sistema Concursal
G.J. Tomo 105, 08/08/2002, £038

PRECISADOS:
Arts. 55; 117; 119

R. 0609-2005-TDC-INDECOPI (art. 4) Interpretan alcances de carácter vinculante y ejecución inmediata de acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores y de resoluciones expedidas por la autoridad administrativa en procedimientos concursales, conforme a lo dispuesto en los artículos 55, 117 y 119 de la Ley General del Sistema Concursal
G.J. Tomo 139, 23 /06/2005 , £138
El Peruano, 23/06/2005, pág. 295307

   
 
 
   
PROYECTO PUBLICADO EN EL DÍA
 
 
 
JUEVES 23 DE JUNIO DE 2005
 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO


ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LA SUSPENSIÓN EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Mediante este proyecto se pretende agilizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión celebrados entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los diferentes operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, en cuanto a la obligación de informar al MTC y al Osiptel sobre las interrupciones o suspensiones por mantenimiento, caso fortuito o fuerza mayor, así como las pruebas que acrediten las causas que originan la interrupción o suspensión del servicio.

En este sentido, con la finalidad de evitar los gastos administrativos en que incurren los operadores al presentar gran volumen de documentos en soporte de papel para cumplir con la obligación de informar, la Gerencia de Fiscalización de Osiptel ha desarrollado un portal web ( www.osiptel.gob.pe/reportefallas ) que tiene por objeto automatizar la presentación de la información sobre interrupción y suspensión del servicio.

Así, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Pública y el artículo 27 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, se ordena la publicación de este proyecto a fin de recibir opiniones y sugerencias de las instituciones y ciudadanos en general interesados en el tema de análisis.

El plazo para que los interesados puedan remitir sus comentarios sobre el presente proyecto por escrito o vía correo electrónico, a las oficinas de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL, será de 15 días calendarios, contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución.
(Res. Nº 038-2005-CD/OSIPTEL), El Peruano, pág. 295342.

 
   
 
   
   
CONSULTA LEGAL

Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (*)

 
 


Luego de notificada la sentencia de vista que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de amparo por él interpuesta, un ciudadano decidió presentar una acción de amparo contra la Sala Civil Superior que expidió el fallo denegatorio de su pretensión. En este segundo proceso constitucional, el amparista alegó que la Sala Civil había afectado sus derechos a la libertad de trabajo, a la libre empresa, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, pues en un caso idéntico al suyo –sobre libertad de trabajo y de empresa– la Sala Civil demandada había fallado de manera opuesta días atrás, declarando fundada la acción de amparo, conforme acreditaba con la copia certificada de la resolución en cuestión que anexó a su demanda. Sin embargo, los jueces de primera y segunda instancia de este último proceso denegaron las pretensiones del amparista y declararon infundada la acción de amparo contra resolución judicial por él interpuesta. Admitido a trámite el recurso extraordinario para el conocimiento del proceso por el Tribunal Constitucional, el recurrente consulta si, finalmente, el máximo intérprete de la Constitución podrá acceder a lo solicitado en su petitorio y revertir lo decidido en el primer proceso de amparo y pronunciarse sobre el fondo del mismo. Asimismo, el amparista pregunta si fue correcto alegar la violación de su derecho a la igualdad, pues un amigo juez le informó que ellos (los jueces) no están obligados a fallar de igual manera siempre, aunque se trate de casos muy similares. Y, finalmente, si fue suficiente acreditar la existencia de un solo caso en que se hubiera resuelto de manera diferente al suyo para reclamar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, así como la afectación del debido proceso.

Respuesta:

División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica

1. En un proceso de amparo interpuesto contra resolución judicial, ¿el Tribunal Constitucional está facultado para pronunciarse sobre el fondo de la relación material que motivó la resolución impugnada?

Este es un tema que no queda del todo claro en la doctrina; sin embargo, dejamos constancia de que la mayoría de los especialistas de la materia opinan que el Tribunal no puede pronunciarse sobre el fondo de la relación material, perspectiva que compartimos. El Tribunal, por su parte, solo excepcionalmente se acerca a la sustancia de la decisión impugnada (caso paradigmático es el de Bedoya de Vivanco: sentencia recaída en el Expediente N° 139-2002-HC/TC).

El amparo contra resoluciones judiciales es un tema que también implicó gran debate; empero, con el tiempo y la actuación del Tribunal, este ha sido superado. Los principales cuestionamientos versaron sobre los límites contenidos en la Constitución, referidos a las decisiones judiciales, a saber: i) el artículo 139, inciso 2, sobre la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y ii) el artículo 200, inciso 2, que prescribe que no procede la acción de amparo contra resolución judicial emanada de proceso regular. Tanto la expansión natural de los derechos fundamentales como cierto aumento de confianza en la jurisdicción constitucional, permitieron entender que mediante una resolución judicial sí es posible la conculcación de los derechos fundamentales, y por ende, su tutela mediante las garantías constitucionales, siempre que se trate de un proceso “irregular”; en otras palabras, uno en el que no se hayan respetado las garantías de un debido proceso, única situación sobre la cual el juez constitucional podría pronunciarse (1) .

El amparo, como es sabido, es un proceso restitutorio de los derechos constitucionales conculcados. Por ello, en un proceso de amparo el juez solo podría pronunciarse sobre la parte impugnada relacionada con el debido proceso, pues contra una resolución judicial ese sería el único derecho que cabe alegar como vulnerado. La lesión del debido proceso será, visto así, lo único que permitiría al juez del amparo conocer de un proceso en el que ya existe resolución judicial. Sin embargo, como puede resultar evidente, él no queda facultado para avocarse al conocimiento de la causa ordinaria, pues –conforme a lo antes apuntado– esa es competencia exclusiva de la judicatura ordinaria, que tiene sus propios mecanismos impugnatorios de apelación y revisión de sus resoluciones (2) .

El Tribunal Constitucional, entonces, no puede enmendar la plana a la judicatura ordinaria revisando, además del proceso, los fundamentos de fondo con los cuales se resuelve el caso. En tal sentido, el Tribunal ha precisado que el: “contenido esencial del derecho al debido proceso, sujeto al ámbito de protección mediante los procesos constitucionales de la libertad, no incluye interpretaciones defectuosas o erróneas de la normatividad que resulte aplicable en la solución del proceso donde se originó la resolución cuestionada, pues de admitirse tal hipótesis, las fronteras que median entre las competencias constitucionales asignadas al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional aparecerían diluidas y, por su virtud, el objeto de estos procesos, que es la protección de derechos constitucionales, mudaría al extremo de hacer de estos, por llamarlos así de alguna manera, procesos casatorios” (3) . Este criterio puede entenderse matizado –por ejemplo– por aquellas sentencias del Tribunal que versan sobre la reincorporación de jueces y fiscales destituidos, al someter su reincorporación a evaluaciones contrarias a la Constitución, situación que corrige errores in iudicando , que también afectan el derecho al debido proceso, y no sólo in procedendo , a los que parecía quedar circunscrita la violación del derecho (4) . Ello, empero, no habilita en ningún caso el pronunciamiento sobre el fondo del proceso.

2. El derecho de igualdad en la aplicación de la ley, ¿es compatible con la garantía de la independencia jurisdiccional que autoriza a los jueces a variar la orientación de sus fallos?

Esta es una pregunta que no puede responderse de manera definitiva, sino que demanda la atención de cada caso en particular. Es decir, no cabe argumentar que el cambio de criterios o de decisiones al emitirse sentencia afectará siempre el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Por el contrario, se presume la constitucionalidad y legalidad de los actos de la jurisdicción común, atendiendo, como reza la pregunta, al principio de independencia jurisdiccional que faculta a los jueces a cambiar sus tendencias en la solución de conflictos.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado por ciertos requerimientos que deben presentarse para acreditar la existencia de afectación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (5) : i) “la necesidad de que se trate de un mismo órgano administrativo” que expida las resoluciones; ii) “que exista una sustancial identidad entre los supuestos de hecho resueltos (...) con suficientes elementos comunes para considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son jurídicamente iguales y que, por tanto, debieron merecer una misma aplicación de la norma”; iii) debe demostrarse “la existencia de una ‘línea constante', una tendencia uniforme de aplicación de una norma determinada frente a un supuesto de hecho análogo”, llamada también por el Tribunal “ tertium comparationis válido”; y iv) no debe existir “fundamentación adecuada que justifique la variación del criterio interpretativo”.

De ello cabe decir que, de común, no puede el Tribunal juzgar un cambio, por más radical que este sea, si se han observado las garantías constitucionales del debido proceso, de una parte; o, si se trata de circunstancias o juzgadores diferentes, no exista un parámetro válido frente al cual se pueda determinar la violación o no del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley o no se encuentre razonablemente explicada la diferente aplicación.

3. Finalmente, la existencia de un solo caso resuelto de manera diferente ¿es suficiente para alegar a favor del amparista la agresión de su derecho a la igualdad ante la ley?

Ya establecidos cuáles son los requerimientos exigidos para acreditar la afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, la respuesta resulta menos complicada. Quedó dicha la exigencia de demostrarse un tertium comparationis válido o línea constante de aplicación de la norma para contrastar la aplicación igual de la ley, facilitando el trabajo del juez constitucional. Empero, ello no quiere decir que los órganos judiciales no puedan cambiar –y también es un criterio asumido por el Tribunal– la tendencia de aplicación, mas pesa sobre ellos la carga de justificar dicho cambio de jurisprudencia. La judicatura no se encuentra, por tanto, bajo la exigencia absoluta de interpretar siempre del mismo modo la ley y resolver siempre de la misma forma, por más que los supuestos se reputan iguales (6) ; en ese sentido, la aplicación igualitaria de la ley “no garantiza a quienes acudan a los tribunales la obtención de una resolución igual a las que haya adoptado ese órgano judicial con anterioridad” (7) , sino simplemente garantiza que toda variación interpretativa o resolutoria deba encontrarse adecuadamente motivada.

El Tribunal Constitucional, en ocasión de la STC expedida en el Expediente N° 1975-2002-AA/TC, fundamenta que: “si bien resulta cuestionable que la Sala (...) al igual que cualquier otro Colegiado, tiene la facultad para variar los criterios de su propia jurisprudencia (...), no es menos cierto que para optar por dicha alternativa se necesita (...) explicar las razones de hecho y de derecho en que se sustenta tal cambio de criterio; (...) en el caso de autos queda claro que la Sala emplazada, no obstante tramitar dos procesos en forma simultánea, donde el petitorio es el mismo, al igual que la naturaleza de las partes que en ellos participan, no ha debido adoptar fórmulas diferenciadas, pues tal proceder lesiona el principio de igualdad, el cual queda sometido a una discrecionalidad judicial donde los principios constitucionales no tienen ningún referente objetivo; (...) considerada la sentencia cuestionada dentro de un contexto como el descrito, es evidente que su emisión rompe con la estructura de lo que constituye un proceso justo o debido”. De esta forma, no basta la existencia de un único caso resuelto de manera distinta para denunciar la violación del principio de igualdad ante la ley, pues está en la facultad de los jueces el cambio de la tendencia jurisprudencial. En este caso, en que no encontramos un tertium comparationis válido, es quizá de mayor conveniencia alegar la violación del debido proceso a causa de la falta de motivación (del cambio de la línea jurisprudencial) antes que apelar a una vulneración de la igualdad ante la ley, cuando carecemos de un referente de comparación.

(*) Consulta publicada en Abogados Legal Report Nº 16, Gaceta Jurídica, abril 2004.
(1) Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 534-99-HC/TC; sentencia tomada de: CARPIO MARCOS, Édgar. “Selección de jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Jurista Editores. Lima, 2002. Pág. 97.
(2) Sentencia recaída en el Expediente N° 269-93-AA/TC. En: CARPIO MARCOS, Edgar. Op. cit. Pág. 367.
(3) Sentencia recaída en el Expediente N° 534-99-HC/TC, cit.
(4) De acuerdo: LANDA ARROYO, César. “Amparo contra la Telefónica” En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 49. Gaceta Jurídica. Lima. Octubre, 2002. Pág. 42.
(5) Sentencia recaída en el Expediente N° 1279-2002-AA/TC; aunque el Tribunal lo hace a propósito de la aplicación de la ley por la sala de un tribunal administrativo y no de uno jurisdiccional, sin embargo, la sana doctrina utiliza los mismos criterios en lo concerniente a la aplicación judicial de las normas. Véase BILBAO UBILLOS, Juan María y REY MARTÍNEZ, Fernando. “El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia constitucional española”. En: Miguel Carbonell (Compilador) El Principio de igualdad constitucional . Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 2003. Págs.115-116.
(6) BILBAO UBILLOS, Juan María y REY MARTÍNEZ, Fernando. “El principio constitucional de igualdad...”. Pág. 119.
(7) BILBAO U., Juan y REY M., Fernando. Op. cit. Pág. 120.

 

 
 
   
 
 
AGENDA
 
 
 


La Asociación de Estudios de Derecho Privado -AEDP- organiza el Seminario: “Derechos Reales y Derecho de los Contratos: Civil Law vs. Common Law ”, el cual se realizará los días 27 y 28 de junio de 2005 en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre los principales ponentes que participarán en este evento, figuran Fernando de Trazegnies Granda, Gastón Fernández Cruz, Alfredo Bullard González, José Juan Haro Seijas, Freddy Escobar Rozas, Eugenia Ariano Deho, entre otros.

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NOVEDADES EDITORIALES

LA TÉCNICA PROCESAL

ALBERTO HINOSTROZA MINGUEZ

 
 
 


La práctica forense civil se materializa a través de documentos procesales de diversa índole (demandas, solicitudes, recursos y otros escritos). Buena parte del trabajo de los profesionales del Derecho consiste en bosquejar, revisar y finalmente elaborar los diversos documentos que cada vicisitud o etapa procesal exige.

Esta obra recoge, de un modo, exhaustivo los modelos de escritos basados en la normativa contenida en el Código Procesal Civil, constituyéndose así en el repertorio más completo de modelos de escritos basados en el CPC. Para facilitar al lector la ubicación rápida de un modelo de escrito, no solo se sigue el orden previsto en el Código Procesal Civil para cada una de las figuras procesales, sino que además las sumillas de los modelos incluyen la respectiva base legal que los sustenta.

1,248 MODELOS DE ESCRITOS SOBRE PROCESOS CIVILES Y SU BASE LEGAL


ESTRUCTURA DE OBRA:

TOMO I:

Contiene los modelos de escritos basados en los artículos que conforman la Sección Primera (“Jurisdicción, acción y competencia”), Sección Segunda (“Sujetos del proceso”), Sección Tercera (“Actividad procesal”) y Sección Cuarta (“Postulación del proceso”) del Código Procesal Civil.

TOMO II:

Comprende los modelos de escritos basados en las normas de la Sección Quinta (“Procesos contenciosos”) y Sección Sexta (“Procesos no contenciosos”) del Código Procesal Civil.


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FORMATO GRANDE 23.5 x 16.5 cm.
Fina carátula
1,008 págs. Tomo I y II